El escandalo.

La "Ley de Seguridad Nacional" de Felipe Calderón y los priístas, que intereses espurios insistieron torpemente en hacer aprobar en estos días (junto con una nueva contrarreforma político-electoral y la contrarreforma laboral), generando un enorme escándalo en el país, no puede ser moral o jurídicamente aprobada, pero tampoco políticamente, pues de hacerlo los legisladores convertirían a México en el ridículo del mundo occidental: un Estado policiaco-militar que se pretende moderno.

1. La aberración principal de la iniciativa de modificaciones constitucionales y legales en materia de seguridad que Felipe Calderón envió en 2010 al Congreso está en su pretensión fundamental: busca hacer viable y seudolegal el que las fuerzas armadas asuman en México funciones policiacas (lo que en los hechos ha acontecido en los últimos cuatro años en abierta violación al principio consignado en el artículo 21 constitucional), principio que no se ha establecido en la legislación de ningún país euro-occidental, salvo los casos de la Alemania nazi (1933-1945) y de la España franquista (1939-1976), que es en mucho el modelo del actual gobierno panista y de sus asesores del PP español.

2. La discusión sobre la minuta que envió el Senado a los diputados y los cambios que un reducido grupo de diputados priístas le hicieron es por consiguiente irrelevante pues toda la discusión debe hacerse sobre el tema de fondo, que es gravísimo: los militares y los marinos no pueden cumplir en un Estado moderno funciones de Ministerio Público ni de policías judiciales o ministeriales, ni mucho menos a nivel federal y local. Las modificaciones del diputado priísta Alfonso Navarrete Prida, aclaradas en La Jornada del jueves 28, sólo la hacen más fascista al pretender que la ilegalidad se puede vigilar y compartir, y por ese hecho deja de serlo.

3. La ley por esto mismo no es susceptible de ser "mejorada" o "revisada" en las cámaras sino que debe ser desechada en su totalidad: porque constituye una aberración jurídica que hundiría más al país en la inseguridad al darle a las fuerzas castrenses seudolegalmente facultades policiales y de MP, tanto en la supuesta “guerra contra el narco” como en materia política o social. Constituiría un ejercicio inútil el debatir durante semanas cómo hacer pasar ante la ciudadanía la tesis de que es "legítimo" el que el Ejército o la Marina actúen en un marco que la comunidad internacional estima es ilegal y para cumplir tareas en las que se considera universalmente que su participación constituye una amenaza para los derechos humanos fundamentales.

4. Los militares no pueden cumplir funciones policiacas en los regímenes constitucionales modernos, ni siquiera como excepción, porque su preparación se supone es para defender a su nación de agresiones del exterior y no para investigar los delitos, tarea para la que no tienen la mínima preparación y los conocimientos requeridos y para la que se crean policías especializadas, a lo que se agrega la cuestión de su inercia impulsiva que en el México panista los ha llevado a cometer innumerables crímenes impunes.

5. La militarización del país instaurada por Calderón no ha permitido que las fuerzas armadas mexicanas desarrollen capacidades para realizar tarea alguna de investigación (las que llevan a cabo las agencias estadunidenses), pero sí ha conducido a que decenas de miles de militares y marinos se sumen a las filas del narcotráfico junto con su armamento, que integren ahora los grupos paramilitares organizados tanto por el gobierno federal como por los narcos, y que coadyuven con Washington para reorganizar en su favor el negocio. Y con la nueva ley se daría un impulso a este proceso que no ha hecho otra cosa que fortalecer a los cárteles como organizaciones armadas.

6. La Ley de Seguridad Nacional, con todas sus correcciones y manoseos, en la hipótesis improbable de que fuese aprobada, se convertiría en consecuencia en la mayor aberración jurídica en la historia constitucional de México, junto con la Constitución llamada de las Siete Leyes de 1836, que estableció en su segunda ley el llamado "Supremo Poder Conservador", un cuarto poder por encima de los otros tres poderes, que podía decretar la nulidad de los actos de éstos, y que como es de suponerse fue de efímera duración. No ha dejado empero de recordarse en la historia constitucional de México como un ejemplo de las aberraciones a las que conduce el pensamiento fanático de la derecha mexicana, que entonces, como ahora, era un almácigo de militares, miembros de la jerarquía eclesiástica y ricos propietarios. A nadie extraña hoy por lo mismo que diversas organizaciones empresariales estén ciegamente pidiendo la aprobación de esta ley.

7. Las otras aberraciones de la "ley" derivan del uso discrecional que se pretende dar al Ejecutivo de las fuerzas armadas para luchar contra el narco, pero también contra el descontento social y político, autorizándolo a suspender a su capricho las garantías individuales y a quebrantar el federalismo al hacer entrar a su voluntad a las fuerzas armadas en la entidad federativa de su antojo, creando lo que se está denunciando todosa los días: un Estado policiaco-militar, y esto es absolutamente inadmisible.

8. El mantenimiento del "fuero militar" en México que se propone, en fin, a pesar de que ha sido cuestionado por múltiples agrupaciones internacionales, propiciaría que en el futuro inmediato marinos y militares actuaran sin temor alguno en materia de derechos humanos, sabiéndose de antemano impunes, por lo que no sería más que la cereza en el pastel del autoritarismo, y por eso es menester que se multipliquen las reflexiones.

9. En este momento de graves definiciones, cuya trascendencia no ha sido advertida por muchos sectores, aunque las decisiones a tomarse comprometan el destino de muchas generaciones, urge una movilización más vigorosa del pueblo mexicano. La situación crítica actual no ha sido creada por las circunstancias sino que la ha forzado el gobierno de la derecha, que no tiene otro argumento para seguirse apropiando de los recursos estratégicos de los mexicanos que el de hacer resurgir las primitivas doctrinas del fascismo y del franquismo, mal encubiertas por los sibilinos discursos de Felipe Calderón, el PAN y sus aliados priístas. Si México ha de prevalecer como una nación independiente y un espacio de libertades ha de ser por la lucha de todos.

10. Es imperioso que el pueblo de México tenga claridad de lo que representa una "guerra" de objetivos inconfesables y una legislación perversa que tiende a crear un Estado policiaco-militar, y no se frene para decirle a Felipe Calderón, al PAN y a sus aliados priístas que ellos son los verdaderos responsables de los crímenes y que: "¡Ya basta!".

La iniciativa.

La descabellada “guerra contra el narco” de Felipe Calderón ha tenido como rasgo fundamental el estarse llevando a cabo en violación a principios centrales de la Constitución y de las leyes federales, por lo que el país ha vivido durante cuatro años en un estado de excepción hundiéndose en la ilegalidad, pero el gobierno de la derecha mexicana, lejos de rectificar, lo que pretende ahora es modificar las leyes de la República para hacer aún más viable ese autoritarismo desbocado.

1. Las transgresiones de Calderón al orden constitucional para lograr el objetivo de militarizar el país, tal y como lo pactó con Estados Unidos, han sido múltiples, pero basta señalar algunos de sus rasgos para comprender la gravedad de lo que acontece: a) el Ejecutivo ha asumido facultades que constitucionalmente no tiene, como si viviésemos en una monarquía, para lanzar esta "guerra" dejando al Congreso como una comparsa; b) se han suspendido de hecho las garantías individuales en casi la mitad de las entidades, en violación a lo prescrito por el 29 constitucional, que prevé que esto sólo puede acontecer mediante una ley votada por el Congreso; c) el sistema federal y la autonomía municipal están siendo reducidos a escombros, teniendo como eje de todo esto, d) al Ejército y a la Marina, que están actuando como policías al margen de la ley, pasando por sobre los derechos de los mexicanos en una subordinación cada vez mayor a Washington, y e) como corolario, se están entregando funciones del Estado mexicano a las agencias estadunidenses, que ya dan órdenes en el territorio nacional.

2. La iniciativa de modificaciones constitucionales y legales en materia de seguridad que Calderón envió en 2010 al Congreso a fin de hacer "constitucional" la política de violencia a la que ha llevado a México parece haber sido elaborada por una mente desquiciada, pues, con el pretexto de aprobar una Ley de Seguridad Nacional, se busca establecer un discrecionalismo presidencial para utilizar a las fuerzas armadas, hacer "legal" la actuación del Ejército y la Marina en funciones judiciales y colocar a ambos cuerpos como un poder por encima de la Constitución, abrir la vía a la represión de los movimientos sociales, dejar en manos del Ejecutivo la posibilidad de decretar por su sola voluntad la suspensión de las garantías, "legalizar" de paso el intervencionismo de Estados Unidos y, en suma, sentar las bases para un Estado militarizado.

3. Las luchas sociales del pueblo mexicano, como las de la mayor parte de los pueblos de la Tierra, han tendido a dos cuestiones fundamentales íntimamente vinculadas, a) el hacer valer sus derechos fundamentales, empezando por el derecho a la vida y el derecho a la felicidad, y b) el acotar al mismo tiempo las funciones de quienes gobiernan, entendidos como sus representantes, y estos dos aspectos los reduce a nada la iniciativa bárbara de Felipe Calderón.

4. En los tres periodos de nuestra historia independiente en que la extrema derecha ha pretendido "gobernar" a México, y que han sido desastrosos para los mexicanos por su fanatismo depredador, los rasgos han sido los mismos. Al igual que en la primera república centralista (1836-1842) y que en la segunda (1843-1845), en la actual alternancia panista (2000-2011) el desprecio a la legalidad que evidencia un gobierno sustentado en los poderes eclesiástico y castrense y en las clases privilegiadas es absoluto.

5. Un proyecto tan descabellado como el que de Los Pinos se envió al Congreso, que trastoca por completo el orden constitucional y contraviene el marco legal internacional en materia de derechos humanos, se entendió desde hace meses que no iba a ser aprobado por las cámaras y que era sólo una moneda de negociación del gobierno panista para seguir abriendo, mediante una que otra contrarreforma, la vía a la entrega del país mediante el fortalecimiento de las atribuciones presidenciales y la "legalización" de las acciones bárbaras de las fuerzas armadas. Pero la información publicada por La Jornada el miércoles 20 y el jueves 21, en el sentido de que un sector de priístas y algunos perredistas están actuando ya en subordinación al panismo para intentar dar un albazo el lunes 25, aprobando buena parte de las exigencias calderonianas, ha alarmado a amplios sectores.

6. El móvil fundamental de esta estrategia de endurecimiento de las políticas oficiales está a la vista y no puede esconderse. La extrema derecha mexicana ha llevado hasta sus extremos su ambición de mantenerse en el poder para satisfacer una serie de intereses privados y no le preocupa destruir el precario estado de derecho ante los que entiende como riesgos para sus objetivos transexenales, el principal de los cuales es el descontento manifiesto de la administración Obama ante la forma en que se han implementado las políticas de militarización en función de la Iniciativa Mérida.

7. La iniciativa de Calderón sobre seguridad obedece a la ideología ultraconservadora del régimen, a los indicadores económicos que evidencian una agravación de la crisis generada por las políticas neoliberales, a la demanda de un sector de militares embravecidos por las críticas a su actuación, al miedo sicopatológico de los funcionarios panistas al pueblo y, desde luego, a la sique alterada de quienes están ejerciendo los cargos de responsabilidad estatal ante el escenario del 2012, pero sobre todo a las exigencias estadunidenses, que se manifiestan en los continuos señalamientos del fracaso de la instrumentación que han hecho los panistas de “la guerra contra el narco”, y de la ineptitud y corrupción de las fuerzas armadas mexicanas para cumplir tareas policiales.

8. La propuesta de modificaciones constitucionales y legales de Calderón no va a ser aprobada tal cual, desde luego, pero de no ser detenida y enviada a "la congeladora" por un grupo de legisladores conscientes, aquello que se apruebe de la iniciativa original, por muy poco que sea, va a ser desastroso para el país; de ahí la alerta en la sociedad.

9. El aspecto más grave de las políticas de militarización desbocada del territorio nacional no ha sido que éstas se lleven a cabo coartando de manera flagrante los derechos de los mexicanos y trasgrediendo principios centrales del marco constitucional, sino que esto haya sido posible por la corrupción de los legisladores, que no cumplieron con su función de frenar los desvaríos irracionales de un Ejecutivo al margen de la legalidad y, sobre todo, de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no han cumplido con el mandato de ser garantes de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración y son corresponsables de que México se halle hundido en la ilegalidad y en la barbarie.

10. El único freno posible a la irracionalidad de "la clase política" tiene que ser así, una vez más, el pueblo organizado, que una y otra vez le espete al gobierno de Felipe Calderón y a sus políticas de violencia un enérgico: "¡Ya basta!".

Los conflictos del tribunal electoral.

Con el caso de la polémica cena en casa de María del Carmen Alanís Figueroa, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han vuelto a demostrar que su preocupación principal no está en la impartición de justicia, sino en la protección de intereses inconfesables. En lugar de aprovechar la discusión suscitada la semana pasada para establecer nuevas reglas de comportamiento, los magistrados garantizaron no sólo la total impunidad de la magistrada presidenta, sino que sentaron un muy negativo precedente para que otros funcionarios electorales actúen libremente sin temor a represalias frente a acusaciones sobre posibles conflictos de interés.

De ahora en adelante, todos los servidores públicos, tanto del TEPJF y el Instituto Federal Electoral (IFE) como de los institutos y tribunales de las entidades federativas, tienen permiso para reunirse con cualquier actor político, social o gubernamental en el momento que sea, hora o lugar para tratar todo tipo de asuntos. El único límite será cuidar las formas para que no parezca que se estén presentando "alegatos" jurídicos ante el funcionario correspondiente.

Asimismo, de acuerdo con la decisión del TEPJF, habría que tomar todas las medidas necesarias para asegurar la más absoluta opacidad respecto del contenido de las reuniones. De lo contrario, algún periodista latoso podría cometer el sacrilegio de insinuar conductas indebidas que pongan en duda la pureza de los más altos juzgadores en materia electoral del país.

Así como el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia de Iniciativa México busca meter la sangre bajo la cama en lugar de acabar con ella, hoy la resolución del TEPJF (SUP-IMP-1/2011) busca esconder los conflictos de interés en lugar de expulsarlos de raíz en la impartición de justicia. Se ratifica así, una vez más, la "República de la Simulación" que impera en México y que tanto daño ha causado a las instituciones y a la población.

Alanís jamás ha negado la celebración del convite en su casa el 9 de marzo con Luis Videgaray –ahora presidente del PRI en el estado de México y coordinador de la campaña de Eruviel Ávila–, Sebastián Lerdo de Tejada, representante del PRI ante el Instituto Federal Electoral (IFE); Marco Antonio Baños, ex socio de Alanís en DEMOS consultores y hoy consejero electoral del IFE cercano a Manlio Fabio Beltrones, y Enrique Ochoa, subordinado de Alanís, ex integrante del Consejo Político Nacional del PRI y aspirante a un lugar en el Consejo General del IFE. Incluso, la magistrada se precia de realizar este tipo de reuniones, que pomposamente define como esfuerzos para "tender puentes institucionales con diversos actores políticos, así como para intercambiar opiniones o puntos de vista sobre temas relacionados con el contexto político, institucional o social del país, sin una agenda temática fija y sin escuchar alegatos sobre asuntos jurisdiccionales pendientes de resolución".

Alanís espera que los ciudadanos seamos suficientemente ilusos para creer que a lo largo de aquella cena los invitados no hablaron en ningún momento de uno de los casos más importantes que hoy examina el TEPJF, y que involucra directamente al PRI: el señalamiento realizado por el IFE a Enrique Peña Nieto por violar la Constitución con la transmisión nacional de los promocionales de su quinto informe de labores.

En lugar de simplemente endurecer el gesto y "negar categóricamente cada uno de los señalamientos", Alanís debería informar sobre todos y cada uno de los detalles de la cena en cuestión. ¿Quiénes exactamente estuvieron en la reunión? ¿Cuáles fueron específicamente los "puentes institucionales" construidos? ¿Cuáles fueron los "puntos de vista" y "opiniones" expresados sobre el "contexto" nacional?

Igualmente, habría que comparar las respuestas de la magistrada con las de los otros asistentes en la reunión, a quienes habría que llamar a comparecer, para confirmar sus dichos o, en su caso, descubrir contradicciones.

Por ejemplo, un detalle de suma importancia es que Alanís afirma que ella sufragó todos los gastos de la cena. Por lo tanto, supuestamente no se actualiza el causal de impedimento incluido en el artículo 146, IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que prohíbe "asistir, durante la tramitación del asunto, a convite que le diere o costeare alguno de los interesados". No obstante, la magistrada no ha entregado las facturas de los gastos u ofrecido prueba alguna de su dicho. Es más, no existe siquiera una referencia general a este encuentro en la agenda pública de la magistrada correspondiente al 9 de marzo.

Lo que sí está a los ojos de todos es que Alanís, por lo menos, violó de manera flagrante el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, que explícitamente exige a los juzgadores "abstenerse de citar a las partes o personas vinculadas con ellas, fuera de las oficinas del órgano jurisdiccional en el que ejerza su función". Sin embargo, en lugar de reprender a su colega por esta violación o investigar los detalles del encuentro para juzgar sobre la existencia de violaciones aún más graves a la normatividad, el pleno del TEPJF simplemente ha decidido dar carpetazo al asunto.

Con decisiones como la comentada, Alanís Figueroa podrá participar en la resolución del caso de los espots de Peña Nieto, pero será cada vez más difícil que el TEPJF en su conjunto recupere la confianza de la ciudadanía.

Mexico magico vs realidad.

En el México mágico que machaconamente se pregona desde el micrófono oficial, es común escuchar los autoelogios gubernamentales por "logros" inexistentes. Entre los más recurrentes se cuentan los relativos al empleo: "cifras históricas", "promesa cumplida", "el mayor número de plazas generadas desde el paleolítico, todas con nombre y apellido", "los mejores indicadores laborales de tanto más cuanto", "ya superamos lo perdido en la crisis externa", etcétera, etcétera.

Dirán misa, pero el permanente deterioro en el ámbito laboral es inocultable. Por ello vale preguntar: en este renglón, ¿cuál es el balance concreto de la década de "grandes logros" panistas? ¿Van de la mano realidad y discurso del autoelogio? El siempre bien documentado Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM pone el dedo en la llaga en su más reciente análisis sobre la realidad nacional (Empleo-desempleo en México, 2000-2010), el cual adelantó a este espacio, y del que se toman los siguientes elementos.

Más de la mitad de la población nacional se encuentra en edad de trabajar, lo que coloca a México como un país con un importante potencial productivo que no es aprovechado al ciento por ciento, pues un alto porcentaje de la población en edad productiva no encuentra ocupación. "Nos referimos a los desempleados reales, quienes conforman el 27.35 por ciento, mientras las personas que sí han encontrado ocupación en el sector formal de la economía conforman 53.47 por ciento de la población en edad de trabajar". En sólo diez años (la década de los "logros" panistas), la población en edad de trabajar se incrementó en 12 millones 173 mil 511 personas, que son los empleos que actualmente demandan los mexicanos. En ese periodo sólo un millón 960 mil trabajadores obtuvieron empleo formal (permanentes y eventuales, incluidos los del campo). En sentido contrario, los desempleados reales en suman un total de 3 millones 329 mil 240 personas, igual a 27.35 por ciento de la población en edad de trabajar.

El CAM explica que, con base en las cifras que el Inegi, existe un número considerable y creciente de personas que encuentran ocupación en el sector formal de la economía, hasta sumar 12.45 millones 2010, es decir, un incremento superior a 2.1 millones de personas en 10 años, los panistas (en el sexenio de Fox un millón 76 mil personas; en cuatro años de Calderón, un millón 40 mil). Los dos gobiernos blanquiazules lejos de disminuir el déficit de empleo formal lo ha incrementado 12.69 por ciento en promedio cada año a partir del inicio de la supuesta alternancia.

La tasa de crecimiento de la ocupación en el sector formal de la economía, según la estadística oficial, fue de 13.03 por ciento en el periodo 2006-2007, misma que se elevó a 17.14 por ciento en octubre de 2010, lo que significa un incremento de 4.11 puntos porcentuales en sólo tres años. En sector informal, en el periodo 2006-2007 registraba un incremento de 12.38 por ciento, y para el primero de octubre de 2010 el crecimiento de la ocupación en dicho sector era de 21.3 por ciento, un incremento cercano a 9 puntos porcentuales en tres años, o dicho de otra forma, la economía informal creció dos veces más que la formal, lo que significa que el sector informal de la economía sigue siendo la alternativa inmediata de las personas que no encuentran un empleo formal o pierden el que tenían.

Para el tercer trimestre de 2010 el empleo informal representó 54.59 por ciento de la población ocupada total, mientras que al comienzo del calderonato significó el 54.06 por ciento, un incremento aparentemente insignificante, pero que en cifras brutas representa un millón 118 mil 863 de empleos informales más que hace cuatro años. En cuanto a los empleos formales, pasaron de 45.94 en 2006 a 45.41 por ciento en 2010, lo que significa que ahora representan una proporción menor frente a los empleos informales. Dicho de otra forma, el empleo informal creció 2.17 veces más que el empleo formal en el último cuatrienio.

En cuanto al número y tipo de empleos generados en el periodo transcurrido desde que Calderón se instaló en Los Pinos (hasta diciembre de 2010), el número de empleados dados de alta en el IMSS ha seguido una tendencia alcista, un incremento en valores absolutos de un millón 60 mil 291 trabajadores, lo que equivale a un crecimiento de 7.75 por ciento en cuatro años. Sin embargo, esta aparente tendencia de recuperación de empleos no es del todo cierta, ya que la mayor parte de los empleos generados en dicho periodo corresponden a plazas de carácter temporal, es decir, que se vuelven a perder a corto plazo. La tasa de crecimiento de los empleos eventuales en los últimos cuatro años es de 26.22 por ciento, mientras que la de los empleos permanentes es de sólo 5.44 por ciento. Dicho de otra manera, los empleos eventuales han crecido a una tasa cinco veces mayor que los permanentes, lo que nos indica que los empleos que en el país se generan son, por decirlo de alguna forma, "desechables".

El comportamiento de la tasa de crecimiento de los empleos eventuales y permanentes registrados en el IMSS de diciembre de 2000 a igual mes de 2010, en donde claramente se observa el predominio de los empleos eventuales sobre los permanentes, no garantiza la recuperación duradera y a corto plazo de los empleos perdidos en el periodo más agudo de la crisis económica actual sino, por el contrario, solamente evidencia la fragilidad de las bases sobre las cuales se erige la economía nacional y descalifica las apresuradas afirmaciones del inicio de la recuperación económica de México, mencionada en distintas oportunidades por funcionarios del gobierno federal. El CAM puntualiza que el diseño de las políticas públicas de los dos gobiernos panistas acumula diez años de no favorecer la generación de empleos ni la calidad de los mismos, lo que se ha visto reflejado en un incremento de la cifra de desempleados así como en la precariedad de los empleos generados en dicho periodo.

Mentada de madre:

Por fin, los dispendiosos senadores de la República inauguraron su faraónica, insultante sede en Paseo de la Reforma, la cual no es "el nuevo recinto de la democracia", sino una cachetada adicional en el rostro de los depauperados habitantes de este país. Los 2 mil 563 millones de pesos que oficialmente costó construir el palacio, equivalen al salario mínimo mensual de casi un millón y medio de mexicanos, ingreso que, en el mejor de los casos, apenas si los mantiene vivos. Qué cara más dura.

Concentracion bancaria.

Como parte del ritual de la Convención Bancaria, en la edición 74 que concluyó el pasado fin de semana en Acapulco, los barones del dinero eligen a un "nuevo" presidente –con apellido castellano– de la Asociación de Bancos de (en) México. En esta ocasión tocó el turno a Jaime Ruiz Sacristán (director general del Banco Ve por Más –así se llama– y hermano del ex secretario de Comunicaciones y Transportes en el zedillato), quien sustituye a Ignacio Deschamps (en la nómina del BBVA-Bancomer).

De igual forma, como parte del ritual el "nuevo" dirigente gremial repite lo que sus antecesores: que el sistema bancario que opera en México "es uno de los mejor capitalizados del mundo" (algo que le ha costado sangre a los mexicanos), aunque, como todos los anteriores, olvida celebrar en público que también es uno de los más concentrados del planeta. De hecho, el banco en el que trabaja Ruiz Sacristán apenas si representa 0.2 por ciento de los activos totales de dicho sistema y 0.1 por ciento de las utilidades. "Pero también hay que darle chance a los chiquitos", como aseguran los "grandotes".

Pues bien, el discurso se repite –el de los banqueros y el gubernamental–, especialmente el relativo a fomentar la "sana competencia" para "democratizar aún más" al sistema, aunque en realidad nada se ha hecho para alcanzar tan preciado fin, el cual, se supone, beneficiaría a los expoliados usuarios de la banca que opera en el país. Con reprivatización, "rescate", "compactación", extranjerización de las otrora sociedades nacionales de crédito y muchos, muchísimos discursos, el balance es el mismo, de tal suerte que algunos avinagrados que hablan mal del país podrían llegar a pensar que ni "autoridades" ni barones tienen la menor intención de alterar el estado de cosas.

En 2006, poco antes de que Felipe Calderón, junto con "su muy buen equipo económico, tal vez el mejor" (él mismo dixit) se instalara en Los Pinos, el Banco Mundial (La trampa de la desigualdad y su vínculo con el bajo crecimiento en México) advertía que "el sistema bancario (en México) ha demostrado un historial de alta concentración en unos cuantos bancos con el otorgamiento de créditos canalizado a unas pocas empresas grandes, a menudo relacionadas con los dueños de los bancos y en términos preferenciales. Las reformas realizadas luego de la crisis de 1994 aunque limpiaron el sistema, lo llevaron a concentrarse aún más. La proporción de activos en manos de los cinco principales bancos del sistema financiero mexicano pasó de 74 por ciento en 1994 a 88 por ciento en 2001, convirtiéndolo en uno de los sistemas bancarios más concentrados del mundo". En contraste con los niveles previos a 1994, el sistema está casi totalmente en manos extranjeras.

De acuerdo con las cifras oficiales (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) el 88 por ciento que cita el Banco Mundial para 2001 es un dato inflado, porque ese año el grado de concentración fue cercano a 74.94 por ciento, es decir, prácticamente el mismo que el prevaleciente en 1994, no obstante que desde este último año comenzó a tambor batiente el discurso de la "sana competencia". Pues bien, para 2010, con la estadística de la misma fuente gubernamental, los cinco grandes del sistema (de los que sólo uno se mantiene en manos mexicanas) concentran 75.15 por ciento de los activos totales.

La diferencia, si existe, es que en 1994 existían 18 bancos reprivatizados (Banco Obrero no se consideró dentro del circuito); en 2001 ese número se incrementó a 31, y para 2010 el inventario llegó a 43 (incluidos los bancos "chatarra" que generosamente autorizó Fox), de tal suerte que la "sana competencia" no ha trascendido el discurso, como sucede en tantas otras actividades económicas, en las que la norma es la concentración.

En 2006, el Banco Mundial recapituló: "la historia (de la banca en México) se centra en la evolución de un sistema financiero altamente concentrado y protegido, que sostiene los intereses privados de la combinación entre las élites bancaria e industrial de la sociedad. Los banqueros ejercieron su influencia para el diseño de leyes que los protegieran de la competencia y que, a su vez, proporcionaran financiamiento del gobierno, así como inversiones en los sectores económicos. A pesar de la debilidad regulatoria, antes de la nacionalización de 1982, el grupo de banqueros privados operaba como un grupo auto supervisado, con interés mutuo en el sostenimiento de su viabilidad financiera".

Luego de la crisis de 1994, apunta el organismo, se observaron dos ámbitos de resolución en el sistema financiero. “Primero, se dio un rescate que es probable que haya resultado altamente regresivo, manteniendo la convicción de que las reformas de mercado apoyaban o rescataban a los ricos a costa de otros. Segundo, un conjunto de reformas del sector financiero que fortalecieron el marco regulatorio de manera sustancial, acompañado de la apertura del sector a la propiedad extranjera. El resultado fue que más de 80 por ciento del sistema bancario quedó en manos extranjeras hacia principios de los años 2000, y el sistema en su totalidad goza de salud financiera. Esto representa un rompimiento institucional para el sector a partir del antiguo patrón de dependencia de la élite empresarial nacional. Sin embargo, el sector financiero sigue mostrando una gran concentración, además de un nivel de otorgamiento de crédito al sector privado inusitadamente bajo desde una perspectiva internacional. Buena parte del sector privado, en especial las empresas pequeñas y medianas resultan expulsadas del sistema… El control extranjero ha contribuido a resolver el problema de la baja calidad de los activos y el crédito relacionado, pero ha dejado a México con un sistema bancario inusitadamente adverso al riesgo”.

Cuatro años después del citado análisis, la concentración bancaria goza de cabal de salud. Los cinco "grandes" del sistema acaparan 75 por ciento de la cartera crediticia y casi 80 por ciento de las utilidades netas (sólo Bancomer y Banamex se quedan con 43 por ciento y 55 por ciento, respectivamente), mientras los mexicanos pagan los platos rotos.

Que poca!!!.

Júbilo en Los Pinos: en breve, Felipe Calderón entregará la medalla "grandes logros panistas" al "dirigente" blanquiazul, Gustavo Madero, por la siguiente declaración, con los banqueros de público: "les voy a dar una cifra nada más para mover un poco el tapete; en los nueve años de gobiernos del PAN el total de homicidios ha sido de 102 mil 995; en los últimos nueve años del PRI fueron 128 mil 995 muertos. Ahora la justificación existe porque se está combatiendo, antes la gente ni los contaba y son 25 mil muertos más" (26 mil, en realidad, pero el premio al "matemático del año" se le otorgará en ceremonia aparte).

Alianzas perverzas.

Los nuevos cables de Wikileaks divulgados por La Jornada revelan que para la elección presidencial de 2006 el Partido Acción Nacional (PAN) creó una alianza de facto con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Así como en las recientes elecciones en Guerrero se concretó una alianza de última hora entre PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en 2006 tanto el candidato presidencial Roberto Madrazo como la mayor parte de los gobernadores priístas abdicaron un mes antes de la elección con el fin de apoyar a Calderón.

Esta nueva información borra la imagen de un PRI "moderno" y de "oposición responsable" que este partido ha buscado transmitir. Como presidenta del PRI, Beatriz Paredes llegó a señalar que no había sido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino la "responsabilidad democrática" del viejo partido del Estado, lo que habría permitido a Calderón gobernar y ha dado "vigencia a este régimen".

Es cierto que el rápido reconocimiento priísta de la victoria de Calderón fue fundamental para permitirle resistir los embates de Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, el apoyo del viejo partido del Estado a las iniciativas y políticas de Calderón durante la primera mitad de su sexenio aseguró cierto nivel de "gobernabilidad", si bien a espaldas de la ciudadanía y en contra de la democracia.

Pero lo falso es sostener que estas acciones hubieran surgido de una actitud visionaria del PRI por colocar los intereses generales por encima de los del partido. Todo lo contrario: el apoyo priísta hacia el PAN se explica como una clara defensa de los propios intereses materializados en un gobierno que también es suyo. No es gratuito entonces que las discusiones que hoy dividen a estos dos partidos suenan más a "pleitos de familia" que a debates políticos de fondo.

El cable del 4 de mayo de 2006 (06MEXICO2409) es particularmente elocuente respecto a la existencia de esta alianza de facto para la elección presidencial. El entonces presidente del PAN, Manuel Espino, informa que recientemente había pactado con Madrazo "enfocar sus esfuerzos respectivos a erosionar el apoyo para AMLO". En otras palabras, un mes antes de la elección, el candidato del PRI ya había tirado la toalla y decidido apoyar a Calderón como el "menos peor" de sus dos contrincantes.

Es cierto que tendríamos que mostrar cierto escepticismo respecto a las declaraciones del líder panista, dado que evidentemente estaba en su propio interés exagerar la posición electoral de su partido. Espino quiso lucirse con sus interlocutores, a quienes juró lealtad eterna: "El PAN, enfatizó, se mantendrá como una buena pareja de Estados Unidos. También voltearía la mirada hacia la región para ver qué más se podría hacer para contrarrestar a Chávez, el presidente boliviano Morales y otros líderes de izquierda que ahora ascienden al poder en América Latina", informa el mismo cable.

Pero las afirmaciones de Espino son claramente ratificadas y respaldadas por otro conjunto de cables que informa sobre encuentros de la embajada estadunidense con informantes del mismo PRI. El cable 06MEXICO2460, del 9 de mayo de 2006, menciona varios "contactos" priístas que se habrían quejado de Madrazo en la misma embajada estadunidense, en particular por el "desorden" de su campaña y las "fallas gerenciales" del candidato. Estos informantes opinaban que la estrategia de campaña del PRI parecía "más adecuada a los viejos días de hegemonía priísta que a la democracia multipartidista del México actual". Al desmarcarse tan abiertamente de su propio candidato ante un gobierno extranjero unas semanas antes de la elección, estos insiders evidentemente estaban preparando el camino para apoyar al candidato de Estados Unidos: Felipe Calderón.

Llama la atención que en varios cables también se repite, con redacción similar en cada caso, la idea de que los gobernadores del PRI apoyaban a Calderón porque él les garantizaba mayor poder y margen de acción. En palabras de un destacado priísta, "a los gobernadores del PRI les convienen la autonomía y la autoridad que han gozado bajo el gobierno de Fox y saben que Madrazo los metería en cintura si fuera electo" (06MEXICO2409 y 06MEXICO2460). Es decir, un presidente técnicamente panista era el que mejor garantizaba el predominio de los intereses de los principales líderes priístas y la acción política de los "señores feudales" en las entidades federativas.

Dos semanas antes de la elección presidencial, un priísta, Everardo Moreno, afirmó en su reunión con el personal diplomático de la embajada que el PRI podría "ganar perdiendo" (06MEXICO3465). Y así ocurrió. Desde 2006 el PRI no es, estrictamente hablando, parte de la "oposición", sino del gobierno. Así, lo que estará en juego en la elección presidencial de 2012 no sería la reconquista del poder gubernamental por el viejo partido de Estado, sino la ratificación de su predominio sobre la política nacional.

Estos cables también nos ayudan a entender la búsqueda desesperada de parte de Calderón hoy de algún candidato externo y de una alianza con algunos sectores de la izquierda política. El Presidente tiene claro que el PAN simplemente no es capaz de ganar solo una elección presidencial. No lo hizo en 2006 y, después del pobre desempeño de su gobierno, tendrá menos posibilidades que nunca para hacerlo en 2012. Asimismo, otra alianza con el PRI en 2012 sería desastrosa para Calderón y su partido, porque necesariamente sería desde una posición de total subordinación al Revolucionario Institucional.

La única opción para que Calderón pueda salvar su "legado histórico" y mantener cierta influencia sobre el gobierno que le suceda sería por medio de una nueva alianza, esta vez con la izquierda y con un candidato "ciudadano". El Presidente entonces hoy se encuentra totalmente sujeto a lo que decidan las mismas personas que están convencidas de que él robó el cargo que ocupa. Falta saber si esta amplia franja de la población querrá perdonar a quien considera un "usurpador" o si, por el contrario, decide enviarlo al sótano de la ignominia.