Entre los temas relevantes que han acaparado la atención de la opinión pública estos últimos días está de nueva cuenta el caso de Florence Cassez, la ciudadana francesa acusada de secuestro y sentenciada a sesenta años de prisión en nuestro país, debido a que el próximo 21 de marzo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el proyecto de sentencia de amparo que ordena la inmediata libertad de Cassez a solicitud del ministro Arturo Saldivar.
El principal argumento del Ministro Saldivar se centra en el montaje televiso de su arresto, el cual fue orquestado por el entonces director de la extinta Agencia Federal de Investigación y hoy Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, supuestamente a petición de las televisoras; además de otras violaciones a los derechos humanos de contra Florence Cassez, estos hechos corrompieron el Debido Proceso. Ante esto ha habido opiniones a favor y en contra.
Pocas veces la opinión pública se ha encontrado tan enfrentada, entre quienes opinamos que el proyecto del Ministro Saldivar debe ser aprobado ya que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos de Florence Cassez y no se ha podido probar plenamente su culpabilidad, los que plantean que si bien el proceso se vició con el montaje pero que eso no afecta el resultado de la sentencia condenatoria ya que se pudo probar la participación de Cassez en los secuestros y simplemente debe sancionarse a los responsables del montaje; y quienes defienden fervientemente la actuación de Genaro García Luna como lo ha hecho la activista y candidata al Gobierno del Distrito Federal por el PAN Isabel Miranda de Wallace.
Revisando detenidamente la información que se ha generado sobre el tema, y conociendo la realidad del sistema de procuración de justicia que hoy por hoy tenemos, no podemos negarle la razón al Ministro Saldivar en su solicitud de la inmediata liberación de Florence Cassez.
El Debido Proceso
Este es un concepto que pocas veces se pone sobre la mesa de debate. Por Debido Proceso entenderemos “…un límite a la actividad estatal y conformado por un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales con el fin de que las personas puedan defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos.”(1)
El Debido Proceso garantiza el resultado justo, es decir, es lo que va a permitir que las víctimas de la delincuencia tengan acceso a la justicia. Ni más ni menos, es lo que dará pie a que se llegue a la verdad jurídica. Es por ello que, contrario a lo que afirman los detractores del Ministro Saldivar y de Florence Cassez, el Debido Proceso no es un mero tecnicismo.
En este caso el Debido Proceso se corrompió desde el momento mismo en que se llevó a cabo el montaje televisivo de la detención, ordenada por uno de los personajes más oscuros de la vida pública de país, Genaro García Luna.
Como se ha informado, Florence Cassez fue detenida el 8 de diciembre de 2005 junto con su entonces pareja Israel Vallarta, sin embargo, a Cassez no se le informa el porqué de su detención, tampoco se le presenta ante el Ministerio Público de manera inmediata y mucho menos se le brinda asistencia consular-a la cual tenía derecho de acuerdo a la Convención de Viena firmada por México en 1965. Florence Cassez es retenida en una camioneta para que el montaje del su detención y rescate de las víctimas pudiese ser preparado. Esto se realizó en el rancho “Las Chinitas” propiedad de Israel Vallarta.
El montaje alteró la supuesta escena del crimen, por lo que resulta imposible llevar a cabo una investigación en estas condiciones, además, al ser exhibida públicamente en televisión atentaron contra la “presunción de inocencia” de Cassez, nadie, por ningún motivo puede ser llamado delincuente hasta que sea juzgado y el juez dicte sentencia condenatoria.
Como ya se ha mencionado, las otras violaciones a las garantías de Cassez fueron que no tuvo asistencia consular al momento de su detención y para llevar a cabo el montaje Cassez la mantienen aislada durante varias horas por lo que no fue presentada ante el Ministerio Público como era su derecho.
Solamente con el montaje televisivo se tenía razón suficiente para liberar a Florence Cassez y destituir a Genaro García Luna, sin embargo, el proceso en su contra se llevo a cabo pero cada vez fue sumando más irregularidades.
Las víctimas
Entre las irregularidades del caso, se encuentran las inconsistencias en los testimonios de las víctimas, ya que dos de ellas, Cristina Ríos y su hijo Cristian no reconocen a Florence Cassez ni por su voz ni por su rostro en sus primeras declaraciones, cabe mencionar que Cristián sí reconoce a Israel Vallarta como uno de sus captores. Es hasta posteriores declaraciones y después de que en la PGR les indicaron que Cassez era quien los había secuestrado que la reconocen como su captora.
La otra víctima, Ezequiel Elizalde, sí dijo haber reconocido a Florence Cassez como su captora, sin embargo, en su caso las inconsistencias en sus declaraciones se hicieron más fuertes. Ezequiel Elizalde mostró una marca en su dedo meñique, que afirmó se la produjo Cassez al momento de anestesiarle para amputarle dicho dedo, por medio de peritajes se demostró que en realidad se trataba de una marca de nacimiento, esta y otras contradicciones se han detectado en los dichos de Ezequiel Elizalde.
Ante esto se puede alegar que al ser víctimas de un secuestro se encontraban en estado de shock, por lo que las contradicciones en las que cayeron podrían considerarse “normales”, sin embargo, las contradicciones de quienes dicen ser víctimas de Florence Cassez han sido un continuo en todo este tiempo.
Los opositores al proyecto del Ministro Saldivar han argumentado el derecho de las víctimas para evitar la liberación de Florence Cassez, sin embargo, aquí cabe una reflexión: ¿en el supuesto de que realmente Florence Cassez haya secuestrado a estas personas, no es precisamente Genaro García Luna quien dejó sin protección a las víctimas al corromper desde el principio todo el proceso? entonces, ¿acaso no debe ser sancionado por esta gravísima falta?
No es el ministro Saldivar quien atenta contra el derecho de las víctimas, quien lo hace es el propio García Luna.
Fábrica de culpables e impacto mediático
¿Cuál es la relevancia social del caso Florence Cassez? Este caso resulta representativo del funcionamiento del sistema de procuración de justicia en México. Frente a una crisis de legitimidad en las instancias de seguridad pública, las autoridades han buscado reivindicarse ante la sociedad al costo que sea necesario.
Los medios de comunicación, en especial las dos principales televisoras de nuestro país se convirtieron en los espacios donde se juzga y se condena a los inculpados de los delitos, mucho antes de que se encuentren frente al juez.
El montaje televisivo que se creó para exhibir a Florence Cassez tenía el objetivo de mostrarle a la opinión pública, en un contexto de crisis de credibilidad, que las dependencias de seguridad estaban trabajando en el combate a la delincuencia, a Genaro García Luna no le importó las consecuencias de sus actos, sólo le interesaba aparecer en las pantallas de televisión como el “héroe de una película de acción”.
El de Florence Cassez no es el único caso en el que se violan los derechos humanos más básicos de los inculpados, la exhibición mediática y el uso de la tortura para obtener confesiones son prácticas comunes en los procesos judiciales, y aclaro que esta no es una defensa de delincuentes, es simplemente la expresión de necesidad de que se respente el Debido Proceso en pro de la justicia y las víctimas.
Las autoridades hablan de trabajar a favor de las víctimas, sin embargo, al pretender combatir la ilegalidad con más ilegalidad, dejan sin protección a la sociedad mexicana y nos vuelven rehenes de un sistema de justicia corrupto. Resulta urgente acabar con estas prácticas si realmente pretenden proteger a las víctimas de los delitos.
La crisis de legitimidad en las instancias de seguridad pública ha llegado a tal grado que las autoridades prefieren fabricar culpables en lugar de realizar investigaciones serías y que respetar el Debido Proceso.
Como sociedad es imprescindible que condenemos estos actos y exijamos a las autoridades el saneamiento de las instancias de seguridad pública e impartición de justicia.
Los detractores del Ministro Saldivar alegan que no se ha comprobado la inocencia de Florence Cassez, pero queda claro que tampoco se ha comprobado su culpabilidad, por lo tanto los ministros de la Primera Sala deben actuar en consecuencia y sin presiones políticas y mediáticas.
La liberación de Florence Cassez enviaría un importante mensaje a las autoridades encargadas de procurar la seguridad pública e impartir justicia: la sociedad mexicana no quiere ser rehén de este sistema corrupto.
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