Nada conmueve a las autoridades calderonistas, en el escándalo que involucra a Néstor Moreno García y al menos a otros tres funcionarios del sector energético, ni siquiera la investigación del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos o el cúmulo de evidencias aportado por la firma suiza ABB. Fuera de México, a los mexicanos implicados en esta trama de sobornos se les persigue y juzga. Y aquí, la PGR y la Función Pública apenas están en la integración de los expedientes.
Ambas dependencias han abierto sendas indagatorias. En la Comisión Federal de Electricidad, el Órgano Interno de Control revisa las operaciones bancarias irregulares efectuadas por su exdirector de Operaciones. En las oficinas centrales de la SFP, de manera simultánea, ha iniciado una pesquisa de “evaluación patrimonial”, para comprobar si, efectivamente, son de su propiedad el yate y el Ferrari que se le imputan.
Desde noviembre pasado, el director general de la institución, Alfredo Elías Ayub, giró instrucciones para que el área jurídica de la CFE presentara una denuncia de hechos, en la PGR, “contra quien resulte responsable”, como si en Estados Unidos no hubieran descubierto e investigado este caso, conocido como el de los good guys (los chicos buenos), por los mensajes electrónicos que intercambiaron los involucrados.
Muchos tiempos y contratiempos se hubieran evitado en el gobierno calderonista si hubieran colaborado con sus contrapartes estadounidenses o, al menos, hubieran revisado el expediente 09-325, abierto el 16 de noviembre del 2009 en la división Houston del Distrito Sur de la Corte de Estados Unidos.
La acusación es contundente. Desde 1997 y por lo menos hasta el 2004, ABB Network Management, una filial de la compañía suiza, pagó sobornos a funcionarios de la CFE por 1.9 millones de dólares.
Entonces, John Joseph O’Shea, quien se desempeñó como Gerente General de esa unidad de negocios de ABB Inc., que tenía su sede en Sugar Land, Texas, contrató los servicios del empresario Fernando Maya Basurto, a quien nombró su representante en México. Este equipo no tardó en conseguir adjudicaciones de obra, por parte de la CFE.
En 1997, ABB NM recibió el encargo de desarrollar un sistema de información y control “en tiempo real”, que dentro de la CFE se conoce como SITRACEN y no es otra cosa sino el cerebro del Centro Nacional de Control de Energía, por el que cobró 44 millones de dólares. En octubre del 2003, obtuvo un contrato multianual para la actualización y mantenimiento de dicho sistema -ese proyecto se denominó Evergreen– por el que requirió 37 millones dólares más.
O’Shea y Basurto se declararon culpables. El empresario mexicano además admitió haber participado en las operaciones financieras mediante las cuales Moreno García cobró los sobornos y los destinó a distintos pagos. Para ello, contrató los servicios de Enrique Faustino Aguilar y Ángela Gómez, un matrimonio que prestaba servicios de corretaje a través del Grupo Internacional de Asesores y que, a su vez, representaba a una financiera panameña denominada Azusa.
El expediente armado por el fiscal Nicola J. Mrazek ante el juez Lynn Hughes es contundente. Los funcionarios de la CFE, lidereados por Moreno García, establecieron montos y rutas para recibir sus “comisiones” por la asignación de los contratos del SITRACEN y su mantenimiento, denominado Evergreen, por el que pactaron recibir 10% del monto final del contrato; es decir, 3.7 millones de dólares. Aguilar y Gómez, por su parte, establecieron como monto por sus servicios la módica suma de 1 millón de dólares, de los cuales Basurto y el exdirector de operaciones de la CFE retuvieron una parte.
La investigación posterior -que involucró un rastreo del intercambio epistolar entre O’Shea, Basurto y los funcionarios de la CFE y el rastreo de sus cuentas bancarias– determinó el modus operandi de sobornadores y sobornados, así como las cantidades que mes con mes depositaron en las cuentas, para lo que incluso falsificaron documentación de instituciones bancarias.
Ayer, ABB Ltd informó que aceptó pagar 58.3 millones de dólares en devoluciones, intereses y multas derivadas de los sobornos entregados a los funcionarios mexicanos por su filial texana. En Houston se juzga a Basurto y O’Shea, mientras que en Los Ángeles ya está convicta Ángela Gómez, la esposa de Enrique Faustino Aguilar. Sólo falta que caigan Moreno García y los demás funcionarios de la CFE implicados en este entuerto. Pero las autoridades mexicanas, que aún recaban información y pruebas, quizá hayan dejado escapar a los corruptos.
EFECTOS SECUNDARIOS
REVÉS MINERO. El Juez Primero de Procesos Penales Federales del DF negó el amparo interpuesto por Juan Linares Montúfar, expresidente del Comité de Vigilancia del STMMRM y cercano a Napoleón Gómez Urrutia. Sigue el proceso en su contra.
Fuera de México, a los mexicanos implicados en esta trama de sobornos se les persigue y juzga. Y aquí, la PGR y la Función Pública apenas están en la integración de los expedientes.
Ambas dependencias han abierto sendas indagatorias. En la Comisión Federal de Electricidad, el Órgano Interno de Control revisa las operaciones bancarias irregulares efectuadas por su exdirector de Operaciones. En las oficinas centrales de la SFP, de manera simultánea, ha iniciado una pesquisa de “evaluación patrimonial”, para comprobar si, efectivamente, son de su propiedad el yate y el Ferrari que se le imputan.
Desde noviembre pasado, el director general de la institución, Alfredo Elías Ayub, giró instrucciones para que el área jurídica de la CFE presentara una denuncia de hechos, en la PGR, “contra quien resulte responsable”, como si en Estados Unidos no hubieran descubierto e investigado este caso, conocido como el de los good guys (los chicos buenos), por los mensajes electrónicos que intercambiaron los involucrados.
Muchos tiempos y contratiempos se hubieran evitado en el gobierno calderonista si hubieran colaborado con sus contrapartes estadounidenses o, al menos, hubieran revisado el expediente 09-325, abierto el 16 de noviembre del 2009 en la división Houston del Distrito Sur de la Corte de Estados Unidos.
La acusación es contundente. Desde 1997 y por lo menos hasta el 2004, ABB Network Management, una filial de la compañía suiza, pagó sobornos a funcionarios de la CFE por 1.9 millones de dólares.
Entonces, John Joseph O’Shea, quien se desempeñó como Gerente General de esa unidad de negocios de ABB Inc., que tenía su sede en Sugar Land, Texas, contrató los servicios del empresario Fernando Maya Basurto, a quien nombró su representante en México. Este equipo no tardó en conseguir adjudicaciones de obra, por parte de la CFE.
En 1997, ABB NM recibió el encargo de desarrollar un sistema de información y control “en tiempo real”, que dentro de la CFE se conoce como SITRACEN y no es otra cosa sino el cerebro del Centro Nacional de Control de Energía, por el que cobró 44 millones de dólares. En octubre del 2003, obtuvo un contrato multianual para la actualización y mantenimiento de dicho sistema -ese proyecto se denominó Evergreen– por el que requirió 37 millones dólares más.
O’Shea y Basurto se declararon culpables. El empresario mexicano además admitió haber participado en las operaciones financieras mediante las cuales Moreno García cobró los sobornos y los destinó a distintos pagos. Para ello, contrató los servicios de Enrique Faustino Aguilar y Ángela Gómez, un matrimonio que prestaba servicios de corretaje a través del Grupo Internacional de Asesores y que, a su vez, representaba a una financiera panameña denominada Azusa.
El expediente armado por el fiscal Nicola J. Mrazek ante el juez Lynn Hughes es contundente. Los funcionarios de la CFE, lidereados por Moreno García, establecieron montos y rutas para recibir sus “comisiones” por la asignación de los contratos del SITRACEN y su mantenimiento, denominado Evergreen, por el que pactaron recibir 10% del monto final del contrato; es decir, 3.7 millones de dólares. Aguilar y Gómez, por su parte, establecieron como monto por sus servicios la módica suma de 1 millón de dólares, de los cuales Basurto y el exdirector de operaciones de la CFE retuvieron una parte.
La investigación posterior -que involucró un rastreo del intercambio epistolar entre O’Shea, Basurto y los funcionarios de la CFE y el rastreo de sus cuentas bancarias– determinó el modus operandi de sobornadores y sobornados, así como las cantidades que mes con mes depositaron en las cuentas, para lo que incluso falsificaron documentación de instituciones bancarias.
Ayer, ABB Ltd informó que aceptó pagar 58.3 millones de dólares en devoluciones, intereses y multas derivadas de los sobornos entregados a los funcionarios mexicanos por su filial texana. En Houston se juzga a Basurto y O’Shea, mientras que en Los Ángeles ya está convicta Ángela Gómez, la esposa de Enrique Faustino Aguilar. Sólo falta que caigan Moreno García y los demás funcionarios de la CFE implicados en este entuerto. Pero las autoridades mexicanas, que aún recaban información y pruebas, quizá hayan dejado escapar a los corruptos.
EFECTOS SECUNDARIOS
REVÉS MINERO. El Juez Primero de Procesos Penales Federales del DF negó el amparo interpuesto por Juan Linares Montúfar, expresidente del Comité de Vigilancia del STMMRM y cercano a Napoleón Gómez Urrutia. Sigue el proceso en su contra.
Fuera de México, a los mexicanos implicados en esta trama de sobornos se les persigue y juzga. Y aquí, la PGR y la Función Pública apenas están en la integración de los expedientes.
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